Auto 225/09

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Convocatoria a audiencia pública de rendición de cuentas por parte de Acción Social en cumplimiento de la Sentencia T-025/04 y sus Autos de cumplimiento

JUEZ-Competente hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza

SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Seguimiento a ejecución de órdenes impartidas en Sentencia T-025/04 y Autos de cumplimiento

Referencia: Convocatoria a una AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento.

Magistrado Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009)

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2009 y sus Autos de cumplimiento, integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.” En desarrollo de esta norma, la Corte Constitucional ha proferido, además de la Sentencia T-025 de 2004, numerosos Autos de cumplimiento de las órdenes y medidas adoptadas para la superación del estado de cosas inconstitucional, así como para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

2. Que la Sala Plena de esta Corporación asumió el seguimiento a la ejecución de las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 de 2004 y Autos de cumplimiento, para lo cual creó una Sala Especial de Seguimiento, la cual mantendrá la competencia para tal efecto hasta la superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. 

3. Que tanto en la Sentencia T-025 de 2004 como en los diversos Autos de cumplimiento de dicha sentencia la Corte ha dado órdenes precisas al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCION SOCIAL- para la atención integral a población desplazada por la violencia, las cuales tienen que ver con el registro de la población desplazada, la atención humanitaria de emergencia, el fortalecimiento a la capacidad institucional, y la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-.

4. Que en los más recientes Autos de la Corte se emitieron órdenes precisas al Director de ACCION SOCIAL de la siguiente manera:

4.1 Mediante el Auto 092 de 2008 sobre protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, se ordenó al Director de ACCION SOCIAL que llevara a su debido término el diseño e implementación de los trece programas enunciados en dicho Auto para complementar las falencias en la política pública de atención al desplazamiento forzado. Así mismo, se ordenó al Director de ACCION SOCIAL  que garantizara cada uno de esos programas enunciados taxativamente por la Corte, cumpliera en su diseño e implementación con las condiciones y los elementos mínimos de racionalidad fijados por la Corte, e igualmente, garantizar la participación activa y efectiva, en el diseño e implementación de los trece programas, de las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres desplazadas en el país.

Las anteriores órdenes fueron ratificadas por la Corte mediante el Auto 237 de 2008, en el cual se constató el incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008.

4.2 Mediante el Auto 116 de 2008, donde la Corte mantuvo, adoptó y/o modificó indicadores de resultado de goce efectivo de derechos de la población desplazada relativos a: (i) los derechos a la identidad, a la vida, a la libertad personal; (ii) los derechos a la educación, a la vivienda, a la integridad personal y a la alimentación; (iii) los derechos relativos a la prevención del desplazamiento y retorno, a la subsistencia mínima, a la reunificación familiar, a la seguridad personal, a la participación, (iv) los derechos con enfoque diferencial relativos a la salud, así como al enfoque diferencial de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes desplazados, pertenencia étnica y cultural, género, subsistencia mínima, reunificación familiar, seguridad personal, personas discapacitadas y de la tercera edad; (v) los derechos relativos a la generación de ingresos para medir si se ha superado la línea de indigencia y la línea de pobreza; (vi) los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición del desplazamiento; (vi) a la libertad personal, a la vida y a la educación, así como a los derechos de la población desplazada como víctimas de un delito.

Así mismo, en este Auto la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL el diseño e implementación de indicadores de coordinación.       

4.3 Mediante el Auto 251 de 2008 sobre protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, se ordenó al Director de ACCION SOCIAL que conjuntamente con el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, garantizara el diseño e implementación del Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado, con los componentes de prevención y atención, y los requisitos fijados por la Corte en dicho Auto. Así mismo, la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL garantizar la participación activa de las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento y que fueron mencionados en dicha providencia.

En el Auto 251 de 2008 la Corte también le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, que de forma conjunta con el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del ICBF, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal,  y bajo la coordinación del Director de ACCION SOCIAL, garantizara el diseño y ejecución de tres proyectos piloto en el ámbito de  prevención de tres riesgos especiales que aquejan a los menores de edad colombianos en el marco del conflicto armando y son causa de desplazamiento forzado: (i) proyecto piloto de prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, a desarrollarse en el departamento del Putumayo; (ii) proyecto piloto de prevención del impacto de minas antipersonal y municiones sin explotar sobre los niños, niñas y adolescentes, a desarrollarse en el municipio de Samaniego (Nariño); y (iii) proyecto piloto de prevención de la victimización de los niños, niñas y adolescentes por las estrategias de control social de los grupos armados al margen de la ley, a desarrollarse en la ciudad de Medellín. Así mismo se ordenó al Director de ACCION SOCIAL que garantizara la participación activa de las organizaciones que promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado, como mínimo, las organizaciones mencionadas por la Corte en el mencionado Auto.

De otra parte, en el Auto 251 de 2008 la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL  que en forma conjunta con el Ministro del Interior y de Justicia, la Directora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social y el Ministro de Defensa, y bajo la coordinación del Director de ACCION SOCIAL, garantizara el diseño y ejecución de los doce proyectos piloto mencionados en dicho Auto, relativos a la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado en las ciudades de Cartagena, Arauca (Arauca), Sincelejo, Quibdo, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpo (Nariño), Florencia, San José del Guaviare, con cumplimiento de los requisitos fijados por la Corte. En igual sentido se ordenó al Director de Acción Social que garantizara la participación activa de las organizaciones que promueven los derechos de los niños afectados por el conflicto armado dentro del proceso de diseño de estos proyectos piloto, involucrando como mínimo a las organizaciones mencionadas en el Auto en cuestión.

Finalmente, en el Auto en mención, la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL que conjuntamente con la Directora del ICBF, el Ministro de la Protección Social y la Ministra de Educación, pero bajo la coordinación del Director de ACCION SOCIAL, realizara las acciones de protección de los derechos de los dieciocho mil (18.000) niños, niñas y adolescentes que la Corte identificó en el Anexo I del Auto en mención, las cuales hacen relación a (i) ayuda humanitaria de emergencia, (ii) valoraciones expertas individuales en los ámbitos nutricional, de salud, educativo y psicosocial, y se adoptaran las medidas correspondientes garantizando el acceso a los servicios de salud, a cupos educativos y a apoyo psicosocial, a través de la oferta institucional existente; (iii) inscripción como beneficiarios individuales de los proyectos pilotos en las distintas zonas de asentamiento; (iv) inscripción como beneficiarios individuales de los Componentes y Elementos Constitutivos relevantes del Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado cuya creación se ordenó en dicha providencia. 
 
4.4 A través del Auto 004 de 2009 sobre protección de los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, así como al Ministro del Interior y de Justicia –con la participación de la Directora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, que formulara e iniciara dentro del ámbito de su competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento, así como Planes de Salvaguarda Etnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para los pueblos indígenas en situación de desplazamiento, o en riesgo de exterminio o de desplazamiento, los cuales deberán contener los componentes de prevención y atención, así como respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en dicha providencia y otros autos sobre atención diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural. Así mismo, se ordenó garantizar la participación efectiva de las autoridades legítimas de los pueblos indígenas.

4.5 En el Auto 005 de 2009 sobre protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL como coordinador del SNAIP, diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y atención para cada una de estas comunidades, de conformidad con los temas abordados en dicha providencia. Así mismo, la Corte ordenó que las autoridades territoriales de las respectivas jurisdicciones donde se encuentran las comunidades afrocolombianas señaladas en el Anexo del Auto 005 de 2009, debían participar en el diseño e implementación del correspondiente plan, de conformidad con lo que establece la Ley 1190 de 2008.   

En el mismo Auto, la Corte le ordenó así mismo al Director de Acción Social que diseñara una estrategia que le permitiera adoptar en cada caso y de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar que la población afrocolombiana confinada, recibiera atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna y completa, respetando los criterios de especificidad cultural aplicables. 

4.6 En el Auto 006 de 2009 sobre protección de las personas desplazadas con discapacidad, la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL y a las autoridades del SNAIP bajo la coordinación de Acción Social, que adoptara los mecanismos necesarios para suplir las falencias de información en relación con la población desplazada con discapacidad, y estableciera criterios unificados para la recolección de la misma. Así mismo, determinó la Corte unos presupuestos mínimos para los sistemas de información, y la participación activa de personas en situación de desplazamiento y discapacidad y de sus familias, al igual que de las organizaciones que promueven sus derechos, en la unificación de estos criterios. 

Además, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, que adoptara las medidas necesarias para que las dos presunciones constitucionales que amparan a las personas desplazadas con discapacidad, en tanto sujetos de protección constitucional reforzada, señaladas en el Auto, fueran incorporadas al SNAIPD y conocidas, y aplicadas adecuadamente por todos los funcionarios encargados de velar por los derechos de las personas desplazadas con discapacidad.

Igualmente, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, al Ministerio de Protección Social, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Directora del ICBF, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director del  Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, que bajo la coordinación del Director de Acción Social, garantizaran el diseño, adopción e implementación de un Programa para la protección diferencial de las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. La Corte determinó que este Programa debe incluir dentro de su ámbito de cobertura los componentes centrales de prevención y de atención integral a las personas desplazadas con discapacidad y sus familias, así como que debe reunir los requisitos mínimos explicados en el Auto 006 de 2009. La Corte  le ordenó al Director de Acción Social garantizar para el diseño e implementación del Programa, la participación activa de personas desplazadas con discapacidad y de sus familias, así como la de organizaciones que promueven sus derechos, fijando para ello un mínimo de organizaciones participantes. 

En la misma providencia, la Corte le ordenó al Director de Acción Social conjuntamente con el Ministro de Protección Social, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Directora del ICBF, a la Ministra de Educación, al Ministro de Defensa, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, que bajo la coordinación del Director de Acción Social, garantizaran el diseño y ejecución de cinco proyectos piloto en el ámbito de prevención y atención de los riesgos especiales que aquejan a las personas desplazadas con discapacidad, los cuales deben implementarse en Bogotá, Nariño, Antioquia, Caquetá y Tolima, o en otros donde la presencia de desplazados con discapacidad también sea numerosa.  Así mismo la Corte le ordenó al Director de Acción Social y las entidades responsables garantizar la participación activa de personas desplazadas con discapacidad y de sus familias, al igual que de organizaciones que promueven sus derechos, fijando para ello un mínimo de organizaciones participantes.

Finalmente, en el Auto 006 de 2009 la Corte protegió los derechos de algunas personas cuya situación individual fue acreditada ante la Corte, y por tanto le ordenó al Director de Acción Social, conjuntamente con el Ministro de Protección Social, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Directora del ICBF, a la Ministra de Educación, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que dentro de sus respectivas órbitas de competencia en lo pertinente según lo ordenado, pero bajo la coordinación del Director de Acción Social, garantizara la ayuda humanitaria de emergencia, el acceso a los programas y ayudas existentes para la población desplazada, el acceso efectivo a la oferta institucional existente en salud y del goce efectivo de todos sus derechos fundamentales, así como la inscripción como beneficiarios individuales de los componentes y elementos constitutivos relevantes del Programa para la protección diferencial de las personas desplazadas con discapacidad y sus familias, cuya creación se ordena en la presente providencia.

4.7 Mediante el Auto 007 de 2009, sobre coordinación de la política pública de atención a la población desplazada con las entidades territoriales, la Corte adoptó medidas sobre la coordinación con las entidades territoriales, de conformidad con la responsabilidad de coordinación que le compete a ACCION SOCIAL en virtud de la Ley 1190 de 2008. 

4.8 Mediante el Auto 008 de 2009, la Corte constató la persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004 y le ordenó al Director de Acción Social en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, presentar el 1º de julio de 2010, un informe con el fin de demostrar que se ha superado el estado de cosas inconstitucional, presentando información pertinente y suficiente sobre el avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y en la superación de las falencias que dieron lugar a la declaratoria de dicho estado. Igualmente, en dicho Auto se ordenó al Director de Acción Social, presentar el 30 de octubre de 2009 ante de la Corte Constitucional, un informe de avance sobre las medidas adoptadas y aplicadas para superar las falencias señaladas en la sentencia T-025 de 2004 y en sus distintos autos de seguimiento, así como sobre los progresos alcanzados en materia de goce efectivo de derechos. 

4.8.1 La Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, que impulsara y coordinara con el CNAIPD, la adopción y puesta en marcha de un plan de fortalecimiento de la capacidad institucional, de conformidad con los parámetros señalados en el mismo Auto 008 de 2009. La Corte señaló que en tal plan se deberá (i) realizar un inventario de los obstáculos que limitan la capacidad institucional, (ii) definir los lineamientos que orientarán ese plan de fortalecimiento e indicar los ajustes que se realizarán, (iii) establecer los mecanismos mediante los cuales se realizarán los ajustes, (iv) concebir los medios para su instrumentalización, (v) fijar un cronograma de ejecución y (v) proceder a su implementación y seguimiento. 

Esta Corporación fijó como término máximo para la finalización del proceso de inventario de obstáculos y de diseño del plan (etapas (i) a (iii)) el 30 de junio de 2009, y para la iniciación de su implementación el 31 de agosto de 2009 (etapas (iv) a (vi)). Así mismo, ordenó la Corte que a lo largo de este proceso de diseño se dieran oportunidades efectivas de participación a la Comisión de Seguimiento y a las demás organizaciones que abogan por los derechos de los desplazados. 

4.8.2 La Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, conjuntamente con el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, dentro de la respectiva órbita de sus competencias, reformular la política de vivienda para la población desplazada. 

Así mismo, determinó que el proceso de diagnóstico y definición de los lineamientos de la política (etapa (i)) debería estar culminado a más tardar el 30 de junio de 2009, y que la implementación de la nueva política, previo su diseño y el establecimiento de los medios para su instrumentalización, debería empezarse a más tardar el 31 de agosto de 2009 (etapas (ii) a (iv)). Así mismo, determinó la Corte que a lo largo de este proceso de diseño se deberían dar las oportunidades efectivas de participación a la Comisión de Seguimiento y a las demás organizaciones que aboguen por los derechos de los desplazados que hubieren manifestado interés en participar, y la posibilidad de convocar a otras entidades del orden nacional o territorial cuya participación sea considerada pertinente. 

4.8.3 La Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, conjuntamente con los Ministros del Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Directora de Planeación Nacional ‑ dentro de la respectiva órbita de sus competencias y después de un proceso de participación que debe incluir, entre otras organizaciones que manifiesten su interés, a la Comisión de Seguimiento-, reformular la política de tierras, de conformidad con los parámetros señalados en el Auto 008 de 2009. 

En este Auto la Corte exigió que el proceso de diagnóstico y definición de los lineamientos de la política de tierras (etapa (i))  debería estar culminado a más tardar el 30 de junio de 2009, y la implementación de la nueva política, previo su diseño y el establecimiento de los medios para su instrumentalización, debería iniciarse a más tardar el 31 de agosto de 2009 (etapas (ii) a (iv)). Así mismo, estableció la Corte que a este proceso de reformulación podrán ser convocadas otras entidades del orden nacional o territorial cuya participación sea considerada pertinente. 

4.8.4 La Corte le ordenó al Director de Acción Social, en coordinación con los Ministros del Interior y de Justicia, de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que, después de un proceso de participación que debe incluir, entre otras organizaciones que manifiesten su interés, a la Comisión de Seguimiento, formulara, a más tardar para el 31 de agosto de 2009, una política de garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de la población desplazada con los complementos que sean necesarios para corregir los vacíos protuberantes en la materia, de conformidad con los lineamientos señalados en el Auto 008 de 2009, de tal manera que se ofrezca una respuesta articulada y efectiva y se asegure el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en esta materia. 

4.8.5 La Corte le ordenó al Director de Acción Social, que con la participación de los miembros del CNAIPD y dentro del ámbito de sus competencias, tuviera incidencia directa en los componentes de asistencia inmediata, ayuda humanitaria de emergencia, retorno y reubicación de la política de atención integral a la población desplazada, y después de un proceso de participación que debe incluir, entre otras organizaciones que manifiesten su interés, a la Comisión de Seguimiento, realizara y pusiera en marcha los ajustes necesarios para afinar la política existente a fin de que en estas materias se ofrezca una respuesta articulada y efectiva que contribuya a la superación del estado de cosas inconstitucional y al goce efectivo de los derechos de la población desplazada en estas etapas.  

Determinó así mismo la Corte, que en relación con estos ajustes se deberán cumplir con los requisitos mínimos de racionalidad de las políticas públicas, el enfoque de derechos como criterio orientador de las mismas y el respeto del enfoque diferencial, así como de los demás parámetros señalados en el Auto 008 de 2009 y que el plazo para cumplir esta orden era el 29 de mayo de 2009. Así mismo, ordenó la Corte que el 8 de junio de 2009, el Director de Acción Social debería enviar un informe a la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas para afinar la política existente a fin de que en relación con los componentes de asistencia inmediata, ayuda humanitaria de emergencia, retorno y reubicación, así como el cronograma de implementación. 

A este respecto, la Corte le ordenó igualmente al Director de Acción Social que, a partir del primero de junio de 2009 y desde entonces de manera anual, expidiera un certificado de contribución a la superación del estado de cosas inconstitucional, y certificara el desempeño de aquellas entidades u organismos públicos cuyas acciones contribuyen al avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada o en la superación de las falencias en la capacidad institucional, de conformidad con los lineamientos señalados en el Auto 008 de 2009. 

4.8.6 En el Auto 008 de 2009, la Corte le ordenó al Director de ACCION SOCIAL, conjuntamente con el Ministro del Interior y de Justicia, con la participación de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, que para el 4 de mayo de 2009, diseñara un instrumento técnico estándar de valoración del riesgo y de adopción de medidas de protección que sea específico para la naturaleza de los riesgos que enfrenta esta población.  Así mismo, ordenó la Corte que en el informe que presente el Director de Acción Social el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010 para valorar el avance en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, deberá haber un capítulo expreso sobre los avances y resultados del programa de protección y de la aplicación del nuevo instrumento técnico estándar de valoración del riesgo y de las medidas de protección para la población desplazada en riesgo, de tal manera que sea posible apreciar que se avanza de manera acelerada en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

A este respecto, ordenó la Corte al Director de Acción Social y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación que para el 6 de abril de 2009, adelanten y concluyan un proceso de revisión técnica de los sistemas de medición de los indicadores adoptados con este fin, proceso en el cual deben dar participación a la Comisión de Seguimiento y a los demás organismos o entidades que el gobierno estime pueden contribuir al tema.

De otra parte, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, con la participación de la Mesa Nacional de Desplazamiento, de la Comisión de Seguimiento y de las organizaciones de población desplazada del ámbito regional que deseen participar, que a más tardar para el 1 de julio de de 2009, diseñara un mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada.

4.9 Mediante el Auto 011 de 2009 sobre las falencias de los sistemas de registro y caracterización de la población desplazada, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, que en los términos prescritos en dicha providencia, procediera a (i) hacer una presentación del proyecto de decisiones que planean adoptar para superar los problemas de subregistro descritos en la presente providencia, (ii) responder por escrito a las sugerencias y observaciones que de dicha propuesta realicen la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, (iii) plasmar las medidas finalmente adoptadas en actos administrativos que las describan e instrumentalicen y (iv) documentar el diálogo descrito y detallar los resultados de las medidas adoptadas, en el informe dirigido a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Corte Constitucional acerca de la superación del estado de cosas inconstitucional.

Así mismo, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, que en los términos descritos en el Auto 011 de 2009, procediera a (i) hacer una presentación del proyecto de decisiones que planean adoptar para mejorar la comunicación entre las distintas bases de datos relevantes para las personas desplazadas, (ii) responder por escrito a las sugerencias y observaciones que de dicha propuesta realicen la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, (iii) plasmar las medidas finalmente adoptadas en actos administrativos que las describan e instrumentalicen y (iv) documentar el diálogo descrito y detallar los resultados de las medidas adoptadas, en el informe dirigido a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Corte Constitucional acerca de la superación del estado de cosas inconstitucional.

De otra parte, la Corte le ordenó al Director de Acción Social, que conjuntamente con el Ministro de Protección Social y el Presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, y en los términos descritos en el Auto 011 de 2009, procedieran a (i) hacer una presentación del proyecto de decisiones que planean adoptar para lograr la armonización de un sistema articulado de registro de personas que contenga los datos recolectados y manejados por las tres entidades, (ii) responder por escrito a las sugerencias y observaciones que de dicha propuesta realicen la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, (iii) plasmar las medidas finalmente adoptadas en actos administrativos que las describan e instrumentalicen y (iv) documentar el diálogo descrito y detallar los resultados de las medidas adoptadas, en el informe dirigido a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Corte Constitucional acerca de la superación del estado de cosas inconstitucional.

5. Que la Corte ha recibido los siguientes informes por parte de ACCION SOCIAL:

•	Informe de Avance del Auto 251 de 2008, relativo a la “Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas, y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional”, recibido el 29 de abril de 2009.
•	Informe de avance del Auto 008 de 2009, relativo al “ajuste de la política de prevención del desplazamiento forzoso y protección a la población desplazada en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025”, mediante el cual envía el instrumento técnico estándar de valoración del riesgo y de medidas de protección, recibido el 5 de mayo de 2009.
•	Informe de avance del Auto 011 de 2009, relativo al registro de la población desplazada y al goce efectivo del habeas data auditivo, recibido el 1 de junio de 2009.
•	Informe de los obstáculos que ha tenido la Agencia Presidencial para Acción Social y la Cooperación Internacional en el cumplimiento de las órdenes comprendidas en los autos de seguimiento a la sentencia T-025, recibido el 3 de junio de 2009. 
•	Informe de avance del Auto 008 de 2009, relativo al “ajuste de la política de retornos y reubicaciones en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025”, recibido el 9 de junio de 2009.
•	Informe de Avance del Auto 251 de 2008, relativo a la “Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas, y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional” respecto de la ejecución de los 15 proyectos piloto, recibido el 9 de junio de 2009.
•	Informe de Avance del Auto 006 de 2009, relativo a la “Protección de los derechos fundamentales de los discapacitados desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional” respecto de las acciones de protección a los casos individuales determinados en el respectivo auto, recibido el 9 de junio de 2009
•	Informe de avance del Auto 008 de 2009, relativo al “ajuste de la política de atención de emergencia en el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025”, recibido el 24 de junio de 2009.

6. Que los anteriores informes que entregó ACCION SOCIAL a la Corte Constitucional, están siendo valorados por la Sala Especial de Seguimiento, y algunos de ellos resultan claramente insuficientes y muestran que los avances están siendo lentos en relación con la dimensión de la problemática y el drama humanitario del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Así mismo, advierte la Corte que estos informes carecen de una reflexión profunda, suficiente y adecuada en términos de política pública de atención integral a la población desplazada, de conformidad con las órdenes impartidas y los criterios fijados por la Corte para el diseño e implementación de esa política. 
  
7. Que mediante comunicado del 6 de mayo de 2009 ACCION SOCIAL  solicitó la unificación de plazos para los diferentes informes que tiene que presentar ante la Corte, solicitud frente a la cual esta Corporación exigió una justificación de la prórroga de los plazos fijados, justificación que no ha sido entregada todavía a la Corte Constitucional.

8. Que teniendo en cuenta (i) las órdenes impartidas por la Corte Constitucional al Director de ACCION SOCIAL, que se han mencionado en este Auto, (ii) la misión institucional de dicha entidad como responsable del componente de registro de la población desplazada, de atención humanitaria de emergencia, así como de la coordinación interinstitucional de la totalidad de la política pública de atención integral de la población desplazada, y (iii) que el Director de ACCION SOCIAL Doctor LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL  fue nombrado por el gobierno nacional como embajador ante la OEA y dejará su cargo como Director de ACCION SOCIAL, la Corte encuentra necesario CITAR al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social  y la Cooperación Internacional, para que presente ante esta Corporación, una RENDICION DE CUENTAS en AUDIENCIA PÚBLICA sobre el desarrollo e implementación hasta el 10 de julio del 2009, de los distintos componentes de la Política Pública de Atención Integral a Población Desplazada, así como de la coordinación interinstitucional a su cargo en la implementación de dichos componentes, y respecto de las órdenes impartidas en los diferentes Autos de cumplimiento emitidos por esta Corte, relativos a la atención diferencial respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes; así como en relación con los indicadores de goce efectivo de derechos, las órdenes para la superación del estado de cosas inconstitucional –política sobre capacidad institucional, política de vivienda, política de tierras, política de prevención y protección, etc-; la coordinación con entidades territoriales, y la superación de las falencias del sistema de registro de población desplazada.

Por consiguiente, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y Autos de cumplimiento, en uso de sus facultades constitucionales y legales,    

RESUELVE

Primero.- CITAR, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCION SOCIAL-, Dr. LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL, a una RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PUBLICA ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y Autos de cumplimiento de la Corte Constitucional, en donde deberá presentar un informe detallado y pormenorizado acerca del cumplimiento de ACCION SOCIAL hasta el 10 de julio de 2009, respecto de los componentes de registro de población desplazada, atención humanitaria de emergencia, fortalecimiento de la capacidad institucional, y coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, así como en relación con cada una de las órdenes emitidas por la Corte así:

I. El avance en el goce efectivo de derechos de la población desplazada, de conformidad con los indicadores de resultado de goce efectivo de derechos de la población desplazada adoptados por la Corte mediante la el Auto 116 de 2008, relativos a: (i) los derechos a la identidad, a la vida, a la libertad personal; (ii) los derechos a la educación, a la vivienda, a la integridad personal y a la alimentación; (iii) los derechos relativos a la prevención del desplazamiento y retorno, a la subsistencia mínima, a la reunificación familiar, a la seguridad personal, a la participación, (iv) los derechos con enfoque diferencial relativos a la salud, así como al enfoque diferencial de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes desplazados, pertenencia étnica y cultural, género, subsistencia mínima, reunificación familiar, seguridad personal, personas discapacitadas y de la tercera edad; (v) los derechos relativos a la generación de ingresos para medir si se ha superado la línea de indigencia y la línea de pobreza; (vi) los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición del desplazamiento; (vi) a la libertad personal, a la vida y a la educación, así como a los derechos de la población desplazada como víctimas de un delito.  (vii) Así como también de los resultados de los indicadores de coordinación interinstitucional. 

II. El avance en la atención diferencial y la protección de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, de la siguiente manera:  

(i)	mujeres  –Auto 092 de 2008 y Auto 237 de 2008-, 
(ii)	niños, niñas, y adolescentes –Auto 251 de 2008-, 
(iii)	personas y pueblos indígenas –Auto 004 de 2009-, 
(iv)	población afrodescendiente –Auto 005 de 2009-, 
(v)	personas con discapacidad  –Auto 006 de 2009-,

III. El avance en la coordinación con las entidades territoriales, de conformidad con la responsabilidad de coordinación que le compete a ACCION SOCIAL en virtud de la Ley 1190 de 2008 y de lo ordenado mediante el Auto 007 de 2009. 

IV. El avance en el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte a partir de la constatación de la persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 –Auto 008 de 2009- relativas a:

(i)	informe sobre el proceso de inventario de obstáculos y de diseño del plan de fortalecimiento de la capacidad institucional
(ii)	informe sobre el diagnóstico y definición de los lineamientos de la reformulación de la política de vivienda para la población desplazada. 
(iii)	informe sobre el diagnóstico y definición de los lineamientos de la reformulación de la política de tierras 
(iv)	informe sobre la política de garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de la población desplazada
(v)	informe sobre la incidencia directa de Acción Social en los componentes de asistencia inmediata, ayuda humanitaria de emergencia, retorno y reubicación de la política de atención integral a la población desplazada
(vi)	informe acerca de la certificación de contribución a la superación del estado de cosas inconstitucional, y certificación del desempeño de aquellas entidades u organismos públicos cuyas acciones contribuyen al avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada
(vii)	informe sobre el diseño de un instrumento técnico estándar de valoración del riesgo y de adopción de medidas de protección que sea específico para la naturaleza de los riesgos que enfrenta esta población

V. El avance en la superación de las falencias de los sistemas de registro caracterización de la población desplazada -Auto 011 de 2009-
  
El Director de ACCION SOCIAL deberá presentar informes individuales ante la Corte respecto de cada una de las órdenes impartidas por la Corte en los Autos mencionados en la presente providencia. En los informes que presente el Director de ACCION SOCIAL ante la Corte Constitucional, deberá exponer el cumplimiento de dichas órdenes en aquellos casos en los cuales el plazo fijado por la Corte ya se encuentre fenecido o se cumpla de manera inmediata, así como los avances, obstáculos y dificultades para el cumplimiento de las órdenes, en aquellos casos en los que el término fijado por la Corte se cumpla en el mediano plazo. 

En nombre de ACCION SOCIAL intervendrá en la Audiencia Pública su Director Dr. LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL. Así mismo, deberá informarse a la Corte a más tardar el viernes tres (3) de julio de 2009, sobre los funcionarios de ACCION SOCIAL que asistirán a dicha sesión. La metodología de la Audiencia Pública se informará al inicio de la misma por la Sala Especial de Seguimiento. 

Segundo.-  FIJAR como fecha y lugar para la celebración de la AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS el día viernes diez (10) de julio de 2009 entre las ocho de la mañana (8:00 AM) y las cinco de la tarde (5:00PM) en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia del Palacio de Justicia.

Tercero.- INVITAR, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Procurador General de la Nación, al Defensor  del Pueblo,  al Contralor General de la República, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado, a la AUDIENCIA PUBLICA de RENDICION DE CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL  ante la Sala Especial de Seguimiento, quienes podrán intervenir en la Audiencia Pública de conformidad con los criterios metodológicos que fije la Corte. Estas entidades deberán informar a la Corte a más tardar el viernes tres (3) de julio de 2009, sobre los asistentes a dicha Audiencia Pública.

Cuarto.- INVITAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación,  a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- para que participe en la AUDIENCIA PUBLICA de RENDICION DE CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y Autos de cumplimiento. El organismo internacional deberá informar a más tardar el viernes tres (3) de julio de 2009, el nombre del representante y de los expertos que participarán en dicha sesión especial.

Quinto.- Invitar a un representante de las siguientes organizaciones, que de manera periódica han enviado informes de evaluación a la Corte Constitucional sobre el avance en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada: Corporación Casa de la Mujer, Corporación Sisma Mujer, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, AFRODES, Plan Internacional, Consejo Noruego para Refugiados, Pastoral Social de la Iglesia Católica, ONIC, AICO, y Programa PAIIS de la Universidad de los Andes. Estas entidades deberán informar a la Corte a más tardar el viernes tres (3) de julio  de 2009, sobre su asistencia a dicha Audiencia Pública. Esta invitación especial no impide que otras organizaciones interesadas en remitir informes escritos con consideraciones sobre la forma como el Director de Acción Social ha cumplido con lo ordenado por la Corte a lo largo del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 las remitan a la Corte a más tardar el quince (15) de julio de 2009.

Sexto.- Invitar a un delegado por cada una de las siguientes organizaciones de población desplazada: a la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada, a  las Mesas Departamentales de Población Desplazada de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Santander, Tolima, y las Mesas Distritales o Municipales de Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla y Cartagena. Estas entidades deberán informar a la Corte a más tardar el viernes tres (3) de julio  de 2009, sobre su asistencia a dicha Audiencia Pública. Esta invitación especial no impide que otras organizaciones interesadas en remitir informes escritos con consideraciones sobre la forma como el Director de Acción Social ha cumplido con lo ordenado por la Corte a lo largo del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 las remitan a la Corte a más tardar el quince (15) de julio de 2009.

Séptimo.- INVITAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, a la Comisión Colombiana de Juristas a la AUDIENCIA PUBLICA de RENDICION DE CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL, quien podrá intervenir en la Audiencia Pública de conformidad con los criterios metodológicos que fije la Corte. Esta entidad deberá informar a la Corte a más tardar el viernes tres (3) de julio de 2009, sobre los asistentes a dicha Audiencia Pública.

Octavo.- REMITIR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, copia de los informes presentados por ACCION SOCIAL  ante esta Corporación a las entidades invitadas a participar en la AUDIENCIA PUBLICA de RENDICION DE CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL. 

Noveno.- SOLICITAR al Director de ACCION SOCIAL y a los invitados participantes a la AUDIENCIA PUBLICA de RENDICION DE CUENTAS que los informes que presenten ante la Corte Constitucional, se entreguen con copia en medio magnético.

Comuníquese y cúmplase.

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
Magistrado Ponente

JUAN CARLOS HENAO PEREZ 
Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General